En Septiembre 2022, el Congreso de Diputados anotaba una proposición no de ley del PSOE para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso sobre la salud de los hornos crematorios.
Entre las medidas señaladas proponía promover los ataúdes de cartón y vestir a los difuntos con textiles naturales para minimizar el impacto ambiental de los gases emitidos en el horno crematorio.
También se instaba a que el Gobierno se coordinase con las autonomía para impulsar una ordenación de la actividad de cremación de cadáveres que velase por la protección tanto de la salud como del medio ambiente. De momento, nada nuevo y todo sigue igual.
España tiene un exceso de hornos crematorios en España y su descontrol en cuanto a emisiones es absoluto. También tiene salas de vela en demasía. La normativa funeraria es de la época de la dictadura todavía (el Reglamento de Policia Sanitaria Mortuoria es de 1974).
Pero lo peor es el desbarajuste y desgobierno entre autonomías dentro del Estado tanto en el traslado de cadáveres como homologaciones y otros aspectos. Una realidad que se asemeja a la de una república bananera.
Las emisiones de los crematorios son más tóxicas cuando los ataúdes son de madera barnizada, con acolchados sintéticos y sobretodo con el difunto lleno de productos químicos de la tanatopraxia y vestido con ropaje sintético. Los productos ecológicos fúnebres son escasos y la tanatopraxia no tiene limitación alguna.
Lógicamente, los fabricantes de ataúdes de madera, a través de la asociación Iberataud argumentan que ya aplican criterios ambientales a través de la norma UNE 190.001:2017 de fabricación de ataúdes de madera.
Pero, en cambio, no se cuenta que la patronal funeraria y sus allegados bloquean la comercialización de los ataúdes de cartón en España.
A continuación, vamos a detallar lo que desde la perspectiva de la Plataforma para el Enterramiento Natural y Funeral Natural, el Gobierno español debería hacer para reducir el impacto de los funerales.
Ambas entidades promueven el empoderamiento de la sociedad para perder el miedo a la muerte y, sobretodo que se puedan organizar rituales alternativos en términos de respeto a la Madre Tierra y el cuerpo difunto.
Se trata de actuaciones realistas y sencillas para que dejen de marear la perdiz como se viene haciendo desde hace lustros con el tema funerario, sea cual sea el partido político que gobierne.
Para ello el Gobierno español debería:
1. Cambiar la actual legislación funeraria que data de 1974 (el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria) por una Ley moderna adaptada al momento actual de crisis socioecológica (que por cierto no cumpliría el proyecto de Ley de Servicios Funerarios que se aparcó en 2011).
Una legislación actualizada debería promocionar la ambientalización del sector funerario y sobretodo también homogeneizar criterios de la prestación de servicios funerarios en lo que a la sanidad mortuoria se refiere, de forma que se exijan los mismos requisitos y se apliquen los mismos procedimientos en todo el territorio estatal.
Así mismo es imprescindible poder aplazar la celebración del funeral como mínimo 7 días laborales. Esto permitiría organizar funerales o ceremonias más vivenciales, incluso fuera de los tanatorios y, sobretodo sin las prisas que imposibilitan un buen duelo. Para ello hay que derogar el límite de 24 horas que imponen las funerarias.
2. Impulsar la comercialización de ataúdes de materiales biodegrables libres de aditivos químicos. Eso implica de facto que los ataúdes funerarios (cuya vida media no supera las 24 horas) NO debieran ser homologados para comercializarse (únicamente con el certificado CE que responsabiliza al fabricante).
En el Reino Unido cualquier recipiente o mortaja que impida ver al cadáver es suficiente para celebrar un funeral. Así que el ataúd puede ser considerado más bien como un "envoltorio", y, por tanto, ser incluso de autoconstrucción.
No se trata de prohibir los ataúdes de madera, sino que estos dejen de ser el caballo de troya para engordar los precios de los funerales y un producto que sólo puedan vender las empresas funerarias.
De forma transitoria debería obligarse a que en el catálogo de las empresas funerarias se oferten obligatoriamente ataúdes de cartón. Esto propiciaría un verdadera liberalización del sector no basada en el producto funerario, sino en el servicio personalizado y profesional.
3. Autorizar otros métodos de tratamiento post mortem ecológicos como el compostaje humano, la hidrólisis alcalina o el entierro natural directo al suelo. Estas opciones, por ejemplo, están autorizados en varios estados de Estados Unidos ya que son de menor huella ecológica.
El entierro natural directo al suelo facilitaría la aparición de cementerios verdes como en los países anglosajones que son espacios memoriales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad.
Además debería promulgarse una moratoria en la construcción de nuevos hornos crematorios mientras se mantenga la sobrecapacidad de incineración (del 300 % en marzo 2023).
